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Intervención de Corredores Viales: Un Cambio Clave en la Infraestructura

Recientemente, el Gobierno argentino ha tomado la decisión de intervenir la empresa Corredores Viales en medio de un complejo proceso de privatización. Esta medida surge tras la revelación de pérdidas significativas y una deuda considerable con sus proveedores, lo que ha llevado a las autoridades a considerar una reorganización como un paso crucial hacia la privatización.

La intervención, respaldada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue formalizada a través del decreto 244/2025. Según este documento, la intervención se llevará a cabo de manera indefinida, bajo la protección de la Ley N.º 27.742, con la finalidad de mejorar la situación financiera y operativa de la empresa.

Una vez que se definan las concesionarias, el Gobierno establecerá un sistema de tarifas con un tope y actualización trimestral

Responsabilidades de la Interventora

La intervención estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien asumirá todas las facultades del Directorio de Corredores Viales. Entre sus principales responsabilidades se incluyen:

  • Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención.
  • Evaluar el estado financiero y operativo de la empresa.
  • Presentar una rendición de cuentas detallada.
  • Elaborar un plan de acción para la reformulación, que podrá incluir modificaciones al estatuto y requerirá la aprobación del Ministerio de Economía.

Además, Adem tendrá la autoridad para auditar las compras y contrataciones, así como para operar la sociedad durante el período de transición hasta su eventual disolución y liquidación.

Privatización y Modelo de Concesiones

El Gobierno ha anunciado su intención de otorgar la concesión de las rutas a empresas privadas, utilizando un modelo de obra pública financiado por peajes. Manuel Adorni, vocero presidencial, ha declarado que esta estrategia busca potenciar la infraestructura vial a través de inversiones del sector privado. La propuesta contempla la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas, que representan el 80% del tráfico vehicular en el país.

Según Adorni, el sector privado será responsable de la ejecución de las obras necesarias a su riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes. Este enfoque podría tener un impacto significativo en la mejora de la red vial nacional.

Estado Financiero de Corredores Viales

La situación financiera de Corredores Viales es alarmante. En 2023, la empresa reportó un saldo negativo considerable, incluyendo:

  • Deuda con proveedores que asciende a $142.000 millones.
  • Pérdidas acumuladas por $268.000 millones.
  • Aportes del Tesoro Nacional que alcanzan los $301.000 millones.

Adorni ha señalado que la falta de actualización en las tarifas de peajes ha contribuido al deterioro de la infraestructura vial. Se estima que el 45% de la red que operaba Corredores Viales está en estado malo o crítico, con numerosos contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% respecto a la tarifa técnica.

Tarifas y Regulación Futuras

Una vez se definan las nuevas concesionarias, el Gobierno implementará un sistema de tarifas con un tope y actualizaciones trimestrales, basado en indicadores proporcionados por el INDEC. Esta medida busca no solo reducir el gasto estatal, sino también mejorar la calidad de las rutas mediante la inyección de capital privado en el sector.

Este cambio estructural no solo apunta a una mejora en la infraestructura, sino que también representa un esfuerzo por parte del Gobierno para optimizar el uso de recursos y garantizar una red vial más eficiente y segura para todos los usuarios.

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